En qué partida entra la digitalización en el presupuesto 2027

Un ayuntamiento pequeño no tiene una partida que se llame «digitalización», y no hace falta que la tenga. El crédito para contratar captura aérea con dron, mapas 3D, visitas 360° o una plataforma de datos del municipio sale de combinar dos cosas: el programa, que dice para qué se gasta, y la clasificación económica, que dice de qué naturaleza es el gasto. Conviene acertar con esa combinación y con el tipo de contrato antes de abrir el expediente.

Información general sobre la normativa citada; no es asesoramiento jurídico.

¿Existe una partida de digitalización?

No con ese nombre. La palabra «digital» no aparece en la estructura presupuestaria de las entidades locales, que fija la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. Esa estructura es cerrada y obligatoria para todas las entidades locales en áreas de gasto, políticas, grupos de programas y en los programas que recoge el Anexo I; los programas y subprogramas que no figuren en él pueden crearse (art. 4.3). El artículo 10, que permitía a las entidades de menos de 5.000 habitantes presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de área de gasto y artículo, está derogado.

Dos aclaraciones de vocabulario:

• Lo que en la calle se llama «partida» es, para la Orden, una aplicación presupuestaria: al menos la conjunción de un grupo de programas o programa y de un concepto o subconcepto económico (art. 6), más la clasificación orgánica si la entidad la usa. La Orden reserva «partida» para el nivel por debajo del subconcepto (art. 5.5).
• Los conceptos y subconceptos económicos que no figuran en la Orden pueden crearse (art. 5.4); los que tipifica el Anexo III son de uso obligatorio. Una etiqueta como «Digitalización del territorio» es más propia de un subprograma que de una partida económica, aunque la Orden permite ambas cosas.

Dos preguntas que se responden a la vez

Cada crédito responde, al menos, a estas dos.

1. ¿Para qué se gasta? El programa. Los grupos de programas (tres dígitos; en el lenguaje corriente, «programa») que más se acercan a este tipo de trabajo, con el nombre que les da el Anexo I:

• 432. Información y promoción turística. El nombre antiguo, «Ordenación y promoción turística», ya no es el vigente.
• 491. Sociedad de la información, dentro de la política 49, cuya descripción menciona la administración electrónica.
• 336. Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico, si lo que se documenta es patrimonio.
• 920. Administración General, dentro de la política 92, que incluye desarrollos y soportes informáticos de carácter interno.

2. ¿De qué naturaleza es el gasto? La económica. Aquí está la decisión de fondo, entre el capítulo 2 (gasto corriente) y el capítulo 6 (inversiones reales):

• Capítulo 2. Bienes que reúnan alguna de estas características: fungibles, de duración previsiblemente inferior al ejercicio, no inventariables o gastos que previsiblemente se repiten. En el gasto inmaterial, el que puede ser reiterativo, no es amortizable y no está directamente relacionado con inversiones. El subconcepto 227.06, «Estudios y trabajos técnicos», recoge los encargados a empresas especializadas, a profesionales o a expertos que no se apliquen a planes, programas, anteproyectos y proyectos de inversión; si se aplican, van al capítulo 6.
• Capítulo 6. Bienes que reúnan alguna de estas características: no fungibles, de duración previsiblemente superior al ejercicio, inventariables o gastos que previsiblemente no se repiten.
• Artículo 64, «Gastos en inversiones de carácter inmaterial» (concepto 640). Admite además gastos que no se materializan en ningún activo si producen sus efectos en varios ejercicios: la Orden cita las campañas de promoción de turismo, las ferias, las exposiciones y los estudios y trabajos técnicos.
• Concepto 641, «Gastos en aplicaciones informáticas». Cubre el derecho al uso de programas informáticos cuando se prevé usarlos en varios ejercicios.

Combinadas, salen aplicaciones como 336 × 227.06, para un estudio puntual del patrimonio, o 336 × 640, para el mismo trabajo si va a servir durante varios ejercicios. Es un ejemplo de lectura de la Orden, no un criterio oficial.

No hace falta que quede un bien material para que algo sea inversión: la Orden no lo exige. El artículo 64 admite gastos no materializados en activos cuando son susceptibles de producir sus efectos en varios ejercicios y tienen carácter amortizable y no reiterativo; el gasto inmaterial reiterativo y no amortizable va al capítulo 2. Conviene confirmar con Intervención la calificación de cada gasto. Una suscripción anual a una plataforma, por ejemplo, puede discutirse entre el concepto 206, que recoge el alquiler de equipos y de «software» para procesos de información, y el subconcepto 227.99; si se adquiere el derecho de uso para varios ejercicios, entra en juego el 641.

¿Se puede pagar con una subvención a un tercero?

Una subvención es una entrega dineraria «sin contraprestación directa de los beneficiarios» (Ley 38/2003, art. 2.1.a). Cuando el ayuntamiento encarga un trabajo y recibe el resultado, sí hay contraprestación directa, y eso es un contrato oneroso (Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, art. 2.1). Por eso los capítulos 4 y 7, que recogen transferencias «sin contrapartida directa», no sirven para pagar un servicio que recibe el propio ayuntamiento. Además, para dar una subvención hacen falta unas bases reguladoras aprobadas con carácter previo (art. 9.2), y la subvención debe encajar en un plan estratégico o motivarse por qué no figura en él (art. 8.1). No hay que confundirlo con otra cosa: que el ayuntamiento reciba una subvención de otra administración para financiar el contrato afecta a cómo se paga, no al tipo de contrato.

La ley no lo dice con una frase concreta: la regla sale de las definiciones de ambas figuras. Sí hay normas que apoyan esa lectura: el artículo 132.2 (la contratación no se concebirá para eludir los requisitos de publicidad o de procedimiento) y el 6.2 (los convenios con particulares solo quedan fuera de la ley si su contenido no es el de un contrato), ambos de la Ley 9/2017. Una subvención sí encaja en otro caso: cuando el ayuntamiento da dinero a un tercero, por ejemplo una asociación de comerciantes, para una actividad que es del tercero y de interés público.

El contrato menor: lo que hay que cumplir

Si el trabajo se contrata como contrato menor, la Ley 9/2017 exige:

• Un valor estimado inferior a 15.000 euros en servicios y suministros, o a 40.000 euros en obras (art. 118.1), sin IVA (art. 101.1.a).
• Un informe del órgano de contratación que justifique de manera motivada la necesidad y que no se está alterando el objeto para evitar los umbrales (art. 118.2).
• La aprobación del gasto y la incorporación de la factura (art. 118.3).
• Una duración máxima de un año, sin prórroga (art. 29.8).
• La publicación, al menos trimestral, en el perfil de contratante (art. 63.4).
• No fraccionar el contrato para rebajar su cuantía, y un objeto determinado (art. 99).

Si el pago se hace por anticipo de caja fija y el valor estimado no pasa de 5.000 euros, no se exige el informe del artículo 118.2 (art. 118.5) ni la publicación (art. 63.4).

Nuestra guía de contratación para Secretaría e Intervención describe cómo estructuramos nuestros propios contratos: una producción y una licencia anual, como dos expedientes distintos.

¿Qué plazos marca el presupuesto de 2027?

Los plazos están en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004):

• La Presidencia remite el presupuesto al Pleno antes del 15 de octubre (art. 168.4).
• Aprobado inicialmente, se expone al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, por 15 días, y si hay reclamaciones el Pleno tiene un mes para resolverlas (art. 169.1).
• La aprobación definitiva ha de hacerse antes del 31 de diciembre (art. 169.2).
• El presupuesto entra en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma del artículo 169.3: en el boletín de la corporación, si lo tiene, y resumido por capítulos en el de la provincia (art. 169.5).

El 15 de octubre ya ha pasado: lo que decide ahora es que el Pleno apruebe definitivamente el presupuesto antes del 31 de diciembre y que se publique.

Si al empezar el ejercicio el presupuesto no ha entrado en vigor, se considera prorrogado el del año anterior, con sus créditos iniciales (art. 169.6). La condición es que haya entrado en vigor, no solo que esté aprobado. La prórroga no alcanza a los créditos de servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior ni a los financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

Con presupuesto prorrogado, el crédito disponible es el de las aplicaciones heredadas, dentro del límite global de los créditos iniciales (art. 21 del Real Decreto 500/1990). Para una aplicación nueva habría que tramitar una modificación de crédito (arts. 177 a 179), salvo que quepa en un nivel de vinculación jurídica con saldo disponible, según las bases de ejecución (art. 9.2.a del mismo real decreto); Intervención le dirá cuál es el caso. El crédito extraordinario solo vale para un gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente (art. 177.1). Los compromisos de gasto por encima del crédito autorizado son nulos de pleno derecho (art. 173.5), y no puede cargarse al crédito de 2027 un trabajo hecho en 2026, salvo las excepciones del propio artículo (art. 176).

Por eso conviene decidir ahora, antes de la aprobación definitiva, qué aplicación presupuestaria llevará el proyecto.

Un objeto de contrato para adaptar

Este es un ejemplo de objeto, para adaptar con los datos de su municipio. Clotitec presta servicios de este tipo; el texto es genérico y no condiciona a qué empresa se contrata:

Servicio de captura aérea con dron, elaboración de un modelo digital en 3D del término municipal y de recorridos virtuales en 360° de [número] puntos de interés de [municipio], y entrega de los datos y las imágenes en formatos abiertos, en un plazo máximo de [número] meses desde la adjudicación.

Sustituya lo que va entre corchetes. El importe no forma parte del objeto: va en el expediente. Si lo tramita por un procedimiento distinto del contrato menor, ajuste el plazo a lo que digan sus pliegos.

Esto no es asesoramiento jurídico: la calificación de cada gasto y de cada contrato debe confirmarla la Intervención y la Secretaría de su ayuntamiento.