Qué ayuda prevé el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 sobre suelo público, qué debe tener listo un ayuntamiento pequeño y qué marca el calendario de 2027.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé ayuda para promover vivienda pública sobre suelo público, y su alquiler o cesión asequible cabe en cualquier municipio, también uno pequeño. Que esa ayuda llegue a un ayuntamiento concreto depende de que su comunidad autónoma la convoque y firme el acuerdo con el Ministerio. Lo que sí está en manos del ayuntamiento es saber qué suelo y qué edificios públicos tiene y en qué situación urbanística están.
El Plan se aprobó por el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril (BOE núm. 99, de 23 de abril de 2026), y entró en vigor al día siguiente de su publicación. Su preámbulo lo cifra en 7.000 millones de euros, 4.200 del Estado y 2.800 de las comunidades autónomas. Es cifra del preámbulo, no del articulado, y no es lo que le corresponde a su municipio.
Para un ayuntamiento, el programa que encaja es el de «promoción directa de viviendas, sobre suelo público» (Sección 2.ª del Capítulo II, arts. 23 a 32). La cuantía base es de hasta 1.000 euros por metro cuadrado útil, con un máximo de 85 m² útiles por vivienda y sin superar el 70 % de la inversión (art. 28.1). Con edificación industrializada o en zona de mercado residencial tensionado sube a 1.100 euros/m² y el 75 %; si se dan ambas cosas, a 1.200 euros/m² y el 80 % (art. 28.2 y 28.3).
Cálculo propio, no texto del BOE: con la cuantía base, 85 m² por 1.000 euros dan hasta 85.000 euros por vivienda de 85 m² útiles, y solo si la inversión llega a unos 121.400 euros por vivienda (85.000 / 0,70). Con cuantías mayores, 93.500 euros (1.100 euros/m², 75 %; inversión de unos 124.700 euros) o 102.000 euros (1.200 euros/m², 80 %; inversión de 127.500 euros).
No. Tramitan y resuelven las ayudas las comunidades autónomas, que convocan preferiblemente por convocatoria abierta o conceden de forma directa (arts. 5 y 26). Para que haya financiación hace falta un acuerdo en la comisión de seguimiento entre el Ministerio y la comunidad autónoma, que firma también el ayuntamiento (art. 27.1). Solo pueden firmarlo el Ministerio y la comunidad sin el ayuntamiento si la comunidad promueve la actuación directamente sin participación del municipio, o si asume la responsabilidad de la conformidad del ayuntamiento; y si el ayuntamiento participa en la financiación, firma siempre. Antes hace falta una memoria-programa que la comunidad autónoma remite al Ministerio, que define la actuación y justifica su viabilidad económica (art. 27.2).
Puede promover la actuación una administración pública o una entidad pública vinculada o dependiente (art. 25). Las entidades locales pueden hacer aportaciones complementarias (art. 6.6).
Los plazos y los importes los fija la convocatoria de cada comunidad autónoma: pregunte en su consejería antes de dar nada por hecho.
Por un inventario, trabajo de oficina y no de obra. Hay que reunir en un solo sitio:
Hay otra vía. La Sección 7.ª ayuda a los propietarios que ceden una vivienda a una entidad local para alquiler asequible o social: hasta 600 euros por vivienda y mes, más hasta 12.000 euros para obras previas, con cesión de al menos siete años (arts. 70 a 75).
Las elecciones locales se celebran el cuarto domingo de mayo, y el decreto de convocatoria se expide el día quincuagésimo quinto antes de esa fecha y se publica al día siguiente (LOREG, art. 42.3). Con esa regla, lo previsible es que las próximas sean el domingo 23 de mayo de 2027, con decreto el 29 de marzo y publicación el 30. Son fechas derivadas de la ley: el decreto aún no existe.
Desde la convocatoria y hasta las elecciones, el art. 50 de la LOREG limita lo que pueden hacer los poderes públicos. El apartado 2 dice que «queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos». El apartado 3 prohíbe «cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada», sin perjuicio de que esas obras o servicios entren en funcionamiento.
Cómo se aplica a cada caso lo confirma Secretaría; esto no es asesoramiento jurídico.
Es un caso habitual. Haga el inventario con fuentes públicas y anote la fuente y la fecha de cada dato, para que quien revise la actuación en su comunidad autónoma lo compruebe sin repetir el trabajo. Si decide contratar apoyo externo, nuestra guía de contratación para Secretaría e Intervención explica el cauce.
Habita360 reúne en un mapa los datos de ese inventario: Catastro, planeamiento, población (padrón publicado por el INE) y vistas aéreas del propio territorio, cada dato con su fuente y su fecha. No concede ni tramita ayudas ni sustituye a la memoria-programa de la comunidad autónoma: ordena la información de partida.
Hay una demostración con datos públicos de Bareyo en habita.clotitec.com/39011. Bareyo es una demostración, no un cliente de Habita360. Muestra 1.211 viviendas previstas en 10 sectores urbanizables (SIUCAN, Gobierno de Cantabria, mayo de 2013), 2.124 habitantes en 2025, un 9 % más que en 2019 (INE, padrón), 207 vistas aéreas 360° (vuelos de dron de Clotitec, 2019-2025) y 0 viviendas con protección pública en esos sectores. Las cifras de los sectores proceden de la ficha del SIUCAN y no han sido validadas por el Ayuntamiento.
Un registro de suelo está en desarrollo y todavía no puede usarse.
¿Hace falta tener ya el suelo urbanizado? El decreto no lo regula para esta ayuda. Sí admite que el coste del suelo, la urbanización y la edificación entren en la inversión que cuenta para el porcentaje, si están acreditados; en rehabilitación no se admite incluir el coste del suelo (art. 28.1). Exige para cualquier abono acreditar la titularidad o la condición de cesionario del suelo, la licencia municipal de obra y el certificado de inicio de obra (art. 30.1). Si su parcela necesita urbanización previa, pregunte en su consejería cómo lo tratará la convocatoria.
¿Cuánto tardará en llegar el dinero? No lo sabemos: depende de la convocatoria de su comunidad. Sí fija el decreto que las obras acaben en 36 meses desde la concesión (30 si es rehabilitación; 40 y 36 meses, respectivamente, si la promoción supera las 50 viviendas), con las ampliaciones del art. 31.
Si quiere ver cómo se organiza este trabajo en un mapa, le enseñamos la demostración de Bareyo en 20 minutos y le contamos qué datos de su municipio harían falta, sin compromiso: clotitec.com/soluciones/vivienda.
Si quiere aplicar esto a su municipio o empresa, hablemos.
