Memoria justificativa de un contrato menor de digitalización
La ley pide un informe del órgano de contratación, no una memoria. Qué debe decir sobre necesidad, objeto, importe y crédito, y qué ya no hace falta.
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En un contrato menor, la ley no pide una «memoria justificativa»: pide un informe del órgano de contratación que justifique de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto para evitar los umbrales (Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, art. 118.2). Si en su ayuntamiento se llama memoria justificativa, lo que la ley exige que contenga es, como mínimo, eso; confirme con Secretaría qué modelo usa su ayuntamiento. Lo demás que suele acompañarlo, objeto, importe y crédito, sale de otros artículos.
Información general sobre la normativa citada; no es asesoramiento jurídico.
¿Qué pide la ley y qué no?
El artículo 118 habla de «informe». La palabra «memoria» no aparece en él ni en los artículos 28 y 116. La «memoria justificativa del contrato» figura en el artículo 63.3.a, entre la información que debe publicarse sobre los contratos; para los menores, el artículo 63.4 fija su propio contenido mínimo: objeto, duración, importe de adjudicación con IVA e identidad del adjudicatario, al menos cada trimestre.
Quién lo emite. El órgano de contratación (art. 118.2), no el proveedor. En un ayuntamiento, la disposición adicional segunda atribuye a la Alcaldía o Presidencia los contratos de servicios cuyo valor estimado no supere el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto ni 6 millones de euros, y al Pleno los que excedan esos límites; en los municipios de gran población, esas competencias corresponden a la Junta de Gobierno Local. No distingue los contratos menores: compruebe con Secretaría quién es el órgano de contratación en el suyo.
Qué ya no hace falta. Hasta febrero de 2020, el artículo 118.3 exigía justificar que el contratista no hubiera firmado otros contratos menores que, solos o juntos, superaran el umbral. El Real Decreto-ley 3/2020 dio nueva redacción al artículo, en vigor desde el 6 de febrero de 2020, y esa exigencia ya no figura. Sigue prohibido fraccionar el contrato para eludir los umbrales (art. 99.2).
Ofertas. Ni el artículo 118 ni el 131.3, que permite adjudicar directamente a cualquier empresario con capacidad y habilitación, exigen pedir varios presupuestos. Si su ayuntamiento los pide, suele deberse a sus bases de ejecución, a una instrucción interna o a otra norma o condición de financiación aplicable, que conviene mirar.
Excepción. Si el pago se hace por anticipo de caja fija u otro sistema similar para pagos menores y el valor estimado no pasa de 5.000 euros, no se exige el informe (art. 118.5).
Qué conviene que recoja, punto por punto
La ley no fija un formato. Solo los puntos 1 y 4 los exige el artículo 118.2; el resto son requisitos del expediente que conviene dejar recogidos en el mismo documento. Se deducen de los artículos citados o son buena práctica:
Necesidad. Qué problema se resuelve y por qué hace falta (art. 118.2). El artículo 28.1 recuerda que solo se contrata lo necesario para los fines institucionales.
Objeto determinado (art. 99.1), descrito como un trabajo completo y no partido (art. 99.2). Conviene detallar entregables y plazo; la duración máxima es de un año, sin prórroga (art. 29.8).
Valor estimado. Inferior a 15.000 euros en servicios, sin IVA (arts. 118.1 y 101.1.a).
Que no se altera el objeto. El informe debe justificar de manera motivada que no se está alterando el objeto con el fin de evitar los umbrales (art. 118.2); fraccionar el contrato con esa finalidad está prohibido (art. 99.2).
Crédito. La aplicación presupuestaria y que hay saldo, con la certificación de existencia de crédito que expide Intervención (arts. 31 y 32 del Real Decreto 500/1990). Son nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos que adquieran compromisos de gasto por encima del crédito autorizado (art. 173.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), sin perjuicio de las responsabilidades que procedan. Además, el artículo 118.3 exige la aprobación del gasto y la factura. En los municipios de menos de 5.000 habitantes, la aprobación del gasto puede sustituirse por una certificación de existencia de crédito del Secretario-Interventor (disposición adicional tercera, apartado 4).
Un esquema de informe para adaptar
Informe de necesidad del contrato menor de servicios de [objeto breve]
Necesidad. [Qué problema resuelve y por qué hace falta.]
Objeto. [Descripción única y determinada, con entregables, formato y plazo. Duración máxima: [número] meses, sin prórroga.]
Valor estimado. [Importe sin IVA], inferior a 15.000 euros (art. 118.1).
No alteración del objeto. [Motivos concretos: por ejemplo, es un trabajo completo y con entregables definidos, sin otros contratos del mismo objeto en el ejercicio], por lo que no se está alterando el objeto con el fin de evitar los umbrales (art. 118.2).
Crédito. Aplicación presupuestaria [programa y económica], con saldo suficiente según la certificación de Intervención de fecha [fecha].
Órgano de contratación. [Alcaldía, Pleno, Junta de Gobierno Local u otro órgano al que corresponda o se haya delegado], según la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017.
En [localidad], a [fecha]. [Firma del órgano de contratación]
Sustituya lo que va entre corchetes. Es un esquema genérico: no sustituye a las plantillas ni a las instrucciones de su ayuntamiento, y solo vale si lo que dice es cierto en su caso.
Tres tropiezos habituales
Partir el objeto para bajar del umbral. Es fraccionamiento (art. 99.2), y el propio artículo 118.2 pide justificar que no se altera el objeto. Si el trabajo supera los 15.000 euros sin IVA, el cauce es otro procedimiento de adjudicación, no dos contratos menores.
Repetir cada año un servicio recurrente como contrato menor. El menor no puede durar más de un año ni prorrogarse (art. 29.8). La ley no regula expresamente qué ocurre si la misma necesidad se cubre con menores sucesivos, pero sí prohíbe fraccionar para eludir los requisitos de publicidad o de procedimiento (art. 99.2) y exige justificar que no se altera el objeto para evitar los umbrales (art. 118.2). Si la necesidad es recurrente y previsible, consulte con Intervención y Secretaría si conviene otro procedimiento.
Contar con un presupuesto que todavía no está en vigor. Mientras no lo esté, rige el prorrogado del año anterior con sus créditos iniciales, con exclusiones (art. 169.6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), y sin crédito no hay compromiso válido (art. 173.5). La disposición adicional tercera, apartado 2, de la Ley 9/2017 permite tramitar anticipadamente contratos que empiecen a ejecutarse el ejercicio siguiente, con la adjudicación condicionada; el texto no aclara si alcanza a los menores, así que consúltelo con Intervención. Lo explicamos en el artículo sobre en qué partida entra la digitalización en el presupuesto de 2027.
